Forestalia y sus compinches, ante el juez
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El Juzgado de Instrucción nº1 de Teruel investiga una presunta trama de corrupción vinculada a proyectos de energías renovables cuyo epicentro sería la empresa aragonesa Forestalia. La investigación dio un importante avance la semana pasada con la detención de seis personas, entre ellas el presidente de la compañía, Fernando Samper, y Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica entre 2017 y 2023.
La subdirección que dirigía Domínguez es clave para autorizar grandes proyectos energéticos, ya que se encarga de evaluar su impacto ambiental. Según la investigación, el objetivo de la supuesta trama era favorecer los proyectos de Forestalia frente a sus competidores durante el gran boom de renovables en España entre 2022 y 2023. Uno de los proyectos más relevantes es el Clúster del Maestrazgo, un macroparque eólico en Teruel con 125 aerogeneradores que podría convertirse en el mayor del país. Actualmente su futuro está en duda después de que la Guardia Civil advirtiera de posibles daños ambientales irreversibles si se construye.
El juez considera a Samper como el presunto líder de la organización desde el ámbito empresarial. Según el auto judicial, mantenía una relación “inusualmente estrecha” con funcionarios clave y celebraba reuniones frecuentes fuera de los cauces oficiales para tratar expedientes concretos. La investigación sospecha que algunos funcionarios habrían recibido contraprestaciones económicas a cambio de facilitar permisos.
En el Ministerio, el papel central lo habría desempeñado Eugenio Domínguez, al que los investigadores describen como un “facilitador”. Presuntamente se asignaba a sí mismo la mayoría de proyectos vinculados a Forestalia y habría creado un sistema paralelo de tramitación para controlarlos. Tras su jubilación en 2023, creó con su esposa una empresa que los investigadores creen que pudo servir para canalizar los pagos.
La trama también habría contado con la colaboración de un notario madrileño, que presuntamente ayudó a ocultar transacciones mediante contratos privados guardados en sobres cerrados, evitando su registro oficial.
Además, dos hermanos habrían actuado como testaferros a través de numerosas sociedades utilizadas para canalizar pagos y ocultar beneficios. En total, la investigación apunta a una compleja red de al menos 24 empresas vinculadas al entramado. El caso sigue abierto y se investigan delitos como prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
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