Pleitos

Mareando la perdiz

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Quim-Torra

El pasado viernes, 3 de mayo, la Generalitat de Cataluña ha pedido que se suspendiera el inicio del juicio por los 111 bienes de las parroquias del Aragón Oriental. Plantea que no está personada en la causa, a pesar de presidir el Consorcio del Museo de Lérida y quiere presentarse como parte coadyuvante.

Como se recordará, el juez de Barbastro tuvo que rechazar  hace un año la propuesta de que el juicio se celebrara en Cataluña; en septiembre, la vista previa quedó aplazada por una lesión en ambos pies del abogado que representa a la diócesis de Lérida; en el último mes, el obispado de Lérida ha presentado su documentación en catalán, lo que ha supuesto la necesidad de correr a traducirla, dado que el juez no la ha desestimado a pesar de no ser un idioma oficial en Aragón; ahora es la Generalitat la que se interpone en el flujo de este proceso judicial para evitar que arranque el juicio según la fecha prevista… A todo esto, en nuestra tierra, se le llama “marear la perdiz”.

Joaquín Guerrero, letrado de la diócesis de Barbastro Monzón, manifestaba su sorpresa porque “la Generalitat dice que se ha enterado ahora de que hay un juicio pese a que preside el Consorcio del Museo, en cuyas actas ha quedado constancia de este proceso judicial”. Desde el Obispado de Barbastro Monzón estiman que la petición de la Generalitat no debería suponer la suspensión del juicio dado que han tenido información de él durante los últimos 17 meses desde que se presentó el pleito y pueden alegar al finalizar el juicio.

Según uno de los colaboradores del equipo jurídico, Jorge Español, “sorprendentemente la Generalitat aparece siempre cuando menos se la espera, y después de llevar un año en marcha este pleito, con enorme eco mediático, lo hace días antes de iniciarse el juicio alegando desconocimiento”. A su juicio, “si la Generalitat no ha comparecido antes, no es porque no conociera la pendencia de este asunto, como pretende, sino que ha comparecido ahora con calculada estrategia para entorpecer y dilatar al máximo la previsible victoria aragonesa en el litigio”.

Español ha recordado que la cuestión de la catalogación catalana de los bienes y su indivisibilidad, aspectos alegados actualmente, ya fue dilucidada por el Tribunal Supremo en una sentencia que argumentaba que la catalogación de este fondo depositado por el Obispado de Lérida en el museo de la localidad “no tiene efectos jurídicos frente a los propietarios legítimos de otras comunidades”.

Desde la Plataforma Sijena Sí reiteramos nuestro apoyo total a la causa del Obispado de Barbastro-Monzón y nuestra impaciencia con estos nuevos intentos de dilación que se suman a la larguísima espera por que los bienes, declarados propiedad de las parroquias aragonesas en 26 sentencias vaticanas, sigan sin volver a casa.

Ecos en los medios de comunicación:

Apoyamos al ayuntamiento de Villanueva de Sijena en el pleito contra los exconsejeros catalanes de cultura

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El Gobierno aragonés se retiró el pasado 19 de julio de la causa penal abierta contra Santi Vila y Lluis Puig i Gordi, exconsejeros de Cultura de la Generalitat, por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por haberse negado a obedecer a la juez del Juzgado Nº 1 de Huesca que les ordenó facilitar el retorno de los 44 bienes del Monasterio de Sijena que retenía el Museo de Lérida.

Esta decisión ha sido reconocida por presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha manifestado que la DGA “se equivocó” al presentarse en una querella personal contra los exconsejeros de Cultura de la Generalitat.

La querella, iniciada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena el año pasado, fue presentada inicialmente ante el Tribunal Supremo por estar los Consejeros aforados. Pero, tras reconocer el Supremo que ya no eran aforados y que la querella debía pasar a la justicia ordinaria, se presentó ante el Juzgado Nº 3 de la capital oscense, donde declaró Santi Vila el pasado mes de abril, no haciéndolo así Lluis Puig por encontrarse fugado en Bélgica.

Esta querella no contó al principio con el apoyo del Gobierno de Aragón, pero este se sumó más tarde y así ha permanecido hasta hace dos meses cuando, por razones que no han quedado claras hasta ahora, se retiró del pleito. Debido a ello, la Fiscalía de Huesca ha tenido que asumir su representación para poder reclamar los más de 20.000 euros que tuvo que gastar Aragón para traer las obras.

La Plataforma Sijena Sí, que ya recordó a los exconsejeros que su desobediencia tendría consecuencias penales, apoya incondicionalmente al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. Y lo hace por estas razones:

  1. Los exconsejeros transmitieron órdenes explícitas a sus subordinados para que desobedecieran la orden de la juez, en un gesto de desprecio absoluto a los derechos históricos y patrimoniales de Aragón avalados por sentencias judiciales, siendo aquellos conocedores de las consecuencias legales de sus actos.
  2. La desobediencia en la que incurrieron supuso que la entrega de los bienes tuviera consecuencias económicas y sociales que deben asumir de forma “personal”, como ocurre con todo acto ilegal que realizan los gobernantes en el uso y abuso de sus funciones.
  3. El pleito tiene una misión didáctica y ejemplarizante para evitar que se vuelvan a dar más desobediencias a las órdenes judiciales en los futuros casos de los muchos pleitos abiertos contra el MNAC, el Museo de Lérida y otros que se puedan dar. Es esencial que los responsables institucionales sepan que si menosprecian nuestros derechos no quedarán impunes.

Ecos de la prensa: