Pleitos

Urgimos a la Audiencia a resolver el recurso de las pinturas de Sijena

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Varios componentes de la Plataforma Sijena Sí han hecho hoy entrega por registro en la Audiencia Provincial de Huesca de una carta dirigida a su presidente para impulsar la acción de la justicia en uno de los múltiples contenciosos que siguen abiertos para tratar de recuperar los bienes del monasterio que fueron expoliados en reiteradas ocasiones.

El 4 de julio de 2016 el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Huesca dictó sentencia para que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) devolviera las pinturas a su lugar de origen, sentencia que fue recurrida por esta entidad y por la Generalitat catalana.

Tres años y medio después de la sentencia favorable, la Audiencia Provincial no ha resuelto el recurso de apelación y eso solo genera problemas a ambas partes y falsas expectativas a los que se creen, sin serlo, sus propietarios.

Por ello hemos entregado hoy una carta con el siguiente texto:

Ilmo. Sr: La Plataforma “Sijena Sí” lucha en todos los ámbitos que le es posible por el justo regreso del patrimonio cultural aragonés emigrado y, fundamentalmente, por la reintegración del tesoro artístico del Real Monasterio de Sijena y de los 111 bienes artísticos de las parroquias aragonesas que pasaron del Obispado de Lérida al nuevo Obispado de Barbastro-Monzón.

Uno de los asuntos que vemos con preocupación es la larguísima espera de los recursos de apelación que llegan a esta Audiencia Provincial de Huesca, donde, en el caso de las pinturas murales del Monasterio de Sijena, hace más de tres años que están pendientes de resolverse los recursos interpuestos contra la Sentencia de 4 de julio de 2016 dictada por el Juzgado nº 2 de Huesca, sentencia que no se podrá ejecutar hasta que no haya sentencia firme.

Estamos seguros que V.I. habrá hecho cuantas gestiones haya podido para remediar esta alarmante situación que exige, sin duda, que se cree ya una segunda sección en esa Audiencia Provincial de Huesca, pero, nos gustaría que V.I. remitiese copia de esta misiva, como así lo pedimos, al Ministerio de Justicia, al Gobierno de Aragón y al Consejo General del Poder Judicial para reclamarles presten atención sobre este urgente asunto que nos desborda.

Aquí está empeñada la causa de Aragón y de España, siendo uno de los episodios judiciales más importantes del mundo en materia de recuperación del patrimonio cultural, por lo que, todas las instituciones tienen que estar a la altura y dar la talla para que estos casos se resuelven en un tiempo razonable.

Esperando dé traslado de esta carta a dichas instituciones y vuelva a requerir la atención de las mismas para resolver este problema, le saluda muy atenta y cordialmente en Huesca, a 3 de enero de 2020, el Presidente de esta Plataforma.

Seguidamente, la Plataforma ha ofrecido una rueda de prensa a sus puertas ante multitud de medios para explicar el contenido de la carta y manifestar su postura ante otros temas relacionales con el arte aragonés expoliado o emigrado. En especial han puesto el énfasis en estos temas:

  • Su petición de apoyo a la ciudadanía para que el 2023 se celebre el Centenario de la declaración del Monasterio de Sijena como monumento nacional, a la que se pueden sumar en la página sijenasi.com
  • Su próxima comparecencia ante las Cortes de Aragón para pedir a esta cámara que declare el 2023 como año de Sijena, se cree un patronato para su celebración, se termine de elaborar un Plan Director y se restaure el monasterio íntegramente.
  • Su preocupación por el anuncio de las Hermanas de Belén de dejar el monasterio de Sijena y su petición de que las diversas partes interesadas se pongan de acuerdo para facilitar la llegada de otra comunidad monástica que mantenga vivo el monasterio y garantice su dimensión espiritual junto a la histórico-artística.
  • Su indignación ante la reciente Propuesta de ERC sobre el Museo de Lérida en Parlamento Catalán, que no hace sino revolver viejos pleitos ya juzgados y confundir a la ciudadanía sospechando procesos políticos donde solo hay causas civiles por la propiedad de bienes sobradamente demostrada en los tribunales eclesiásticos y civiles.
  • Su apoyo al pleito de la Diócesis de Barbastro-Monzón y su deseo de que se ejecute la sentencia favorable cuanto antes.
  • Su próxima visita al Obispo de Huesca para pedirle que abra un proceso judicial similar al de la diócesis de Barbastro-Monzón para reclamar los bienes expoliados de las parroquias de Peralta de Alcofea, El Tormillo y Berbegal que se encuentran en Lérida.

 

Eco en los medios de comunicación:

 

Barbastro gana el pleito judicial por las piezas en Lérida

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el-obispo-de-barbastro-monzon-angel-perez-felicita-a-los-abogados-de-la-causa-joaquin-guerrero-por-parte-del-obispado-y-alberto-gimenoEn este día tan significativo para nuestra Plataforma, en el que hemos celebrado el segundo aniversario del retorno de los bienes de Sijena desde el Museo de Lérida, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado a conocer este miércoles que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbastro ha ordenado la “inmediata devolución” de los 111 bienes de las parroquias de la diócesis de Barbastro Monzón. Contra la sentencia dictada cabe recurso de apelación, en el plazo de 20 días, ante la Audiencia Provincial de Huesca aunque El abogado del obispado ya anunció en su día que si el fallo era favorable pediría la ejecución provisional.

La sentencia dictada por el juez, según ha adelantado el TSJA, estima íntegramente la demanda presentada por el obispado de Barbastro-Monzón, en representación de las cuarenta y tres parroquias de la zona oriental, y desestima en su totalidad las demandas presentadas por el Obispado de Lérida y por el Consorcio del Museo de la localidad leridana de las que absuelve al obispado oscense. El juicio se celebró el pasado mayo.

En su sentencia el juzgador afirma “que los bienes reseñados (en el hecho primero de la demanda principal) son propiedad de cada una de las parroquias de las que proceden y que deben ser devueltos de forma inmediata, a cada una de ellas, por mediación del Obispado de Barbastro-Monzón en su sede social”.

Tras la presentación de la demanda, el Obispado de Lérida ya reconoció que 28 obras eran propiedad del Obispado de Barbastro-Monzón pero mantuvo que las restantes eran de su propiedad ya que habían sido adquiridas mediante usucapión. Igualmente, el Consorcio del Museo de Lérida reconoció la propiedad del Obispado de Barbastro-Monzón sobre 28 de las 111 piezas pero no sobre las 83 restantes y en su escrito solicitaba además que, de estimarse la demanda presentada por el obispado oscense, éste se hiciera cargo de los gastos de conservación de los bienes.

Sobre la cuestión medular del litigio (dirimir de quién es la propiedad de los bienes) recuerda el juez que existe un acuerdo firmado el día 30 de junio de 2008 entre ambos obispados, en el que el Obispado de Lérida reconoce que los bienes pertenecen a las parroquias transferidas a la Diócesis de Barbastro -Monzón, acuerdo en el que no solo se manifestaba que se acataban las resoluciones eclesiásticas sino que también se reconocía que las obras pertenecían en propiedad al obispado demandante.

Las resoluciones eclesiásticas mencionadas en el citado acuerdo de 30 de junio son el Decreto de la Congregación para los Obispos de 8 de septiembre de 2005, después confirmado de forma definitiva por el Decreto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica de 28 de abril de 2007, que resolvió que estas obras pertenecían a las parroquias segregadas (las de Barbastro -Monzón) y que debían devolverse dado que se encontraban en el Museo de Lérida a título de depósito.

El juez centra la cuestión al expresar que: “La relevancia de este acuerdo firmado por ambas partes constituye una declaración en la que, por parte de la demandada, se reconocía inequívocamente la propiedad de las parroquias de la parte aragonesa, y en el que literalmente se indicaba que “ambos Obispados reconocen que la propiedad de los referidos bienes eclesiásticos corresponde a las parroquias transferidas a la Diócesis de Barbastro-Monzón (…)”.

También considera actos propios de reconocimiento de propiedad la posición mantenida por el Obispado de Lérida en el acto de conciliación de fecha 31 de octubre de 2017, en el que su letrado manifestó que “reconocemos el conjunto de sentencias que ha habido tanto de los Tribunales del estado como de las autoridades eclesiásticas…) o la solicitud dirigida a la Consejería de Cultura de la Generalitat para solicitar autorización para disponer de las piezas que se encontraban en posesión del Museo de Lérida”.

Para el juzgador todas ellas son manifestaciones “suficientes e inequívocas para considerar cumplidamente acreditada la propiedad de las parroquias segregadas” y por lo tanto estimar la demanda.

En otro sentido, aunque la parte demandada niega que los bienes tengan consideración de “bienes preciosos” para el juez no cabe ninguna duda ya que el Código de Derecho Canónico considera como tales todos aquellos que tienen un valor notable por razón del arte, de la historia o de la materia. Abundando en esta cuestión argumenta también que la normativa canónica dictada desde 1893 hasta el Código de Derecho Canónico actual recoge la prohibición de enajenar tanto de bienes inmuebles como de bienes preciosos sin la autorización de la Santa Sede y, en concreto, a partir del año 1923 se exige además la autorización del Ministerio de Justicia.

Sobre este punto alude también el juez a que el Decreto del Supremo Tribunal de la Signatura apostólica de 28 de abril de 2007, afirma que la enajenación sin licencia de bienes preciosos no distingue entre personas jurídicas eclesiásticas y entre estas y terceros ajenos a la Iglesia, por lo que entiende que “toda enajenación como las que son objeto de estudio de este pleito, caso de haberse realizado, deberían haberse hecho con la correspondiente licencia”. Y termina su razonamiento afirmando que “la única conclusión que puede alcanzarse de toda la prueba practicada es que las obras reclamadas se encuentran a título de depósito” y reitera que “la parte demandada en este procedimiento -el Obispado de Lérida y el Consorcio del Museo de Lérida- no ha aportado títulos concretos de compraventa, permuta o donación en virtud de los cuales dice que se habría adquirido la propiedad de las obras y tampoco el contexto en el que las diferentes obras se incorporaron al Museo Diocesano, por lo que no cabe llegar a la conclusión de que los bienes se recibieron en virtud de títulos traslativos de la propiedad”, ni que se haya realizado ningún negocio de compraventa con las parroquias aragonesas.

Más adelante, sobre los actos de restauración y conservación de las piezas realizados por el museo leridano, reitera una vez más el juzgador que el Obispado de Lérida no recibió la posesión de los bienes en concepto de dueño si no que los recibió en concepto de depósito, con la finalidad de guardarlos, conservarlos e incluso restaurarlos, y no mediante la realización de negocios jurídicos traslativos de la propiedad.

Vuelve a argumentar que el traslado de los 111 bienes obedeció a diversos factores como eran la creación del Museo por el obispo Meseguer, la intención de que los seminaristas pudieran conocer y estudiar los objetos artísticos de la Iglesia y el evidente riesgo de pérdida de los bienes dada la precaria y acuciante situación económica de las parroquias. Por ello, afirma en su sentencia que “el obispo Meseguer fue paulatinamente incorporándolas (las obras) al Museo, pero sin intención de adquirir su propiedad, sino simplemente de acogerlas, conservarlas e incluso restaurarlas, y ello en el ejercicio de las facultades de administración que el Derecho Canónico le atribuye”.

Incide en que “resulta especialmente relevante el hecho de que hasta el año 1995 las parroquias formaban parte del Obispado de Lérida” por lo que entiende que estas actuaciones “parecen aconsejables en el caso de unas obras pertenecientes a parroquias que dependían de la diócesis demandada y cuando las parroquias carecían de medios económicos para su conservación y restauración”.

Respecto a gastos reclamados por el Consorcio del Museo de Lérida al Obispado de Barbastro-Monzón en concepto de mantenimiento, conservación y restauración de las 111 piezas, el juez desestima lo solicitado por el Museo porque éste no fijó con claridad la cantidad concreta que reclamaba, y tampoco considera válidas las bases incluidas en el escrito de aclaración que presentó en la audiencia previa a la vista oral porque son unas bases que “no sirven para cuantificar los gastos de conservación que reclama”. Basa su decisión primero, en que la finalidad del Museo no solo es la recogida y conservación de las obras, sino también el estudio y la exposición de las colecciones y fondos que lo componen, cuyos gastos no pueden repercutirse al propietario por lo que no cabe incluir gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas o el transporte.

La sentencia, a los pocos días, ha sido recurrida por el Museo de Lérida, argumentando muchos pormenores que han sido rechazados por diversos tribunales eclesiásticos anteriormente, pero que servirán posiblemente para dilatar el que la sentencia sea firme. Desde nuestra Plataforma reivindicamos que se ejecute de inmediato la sentencia sin perjuicio de futuras resoluciones judiciales, dado que todos son bienes muebles.

Medios:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anula el blindaje del Museo de Lérida

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el acuerdo del gobierno de la Generalitat, de fecha 27 de diciembre de 2016, por el que se declaró de interés nacional el Museo de Lérida, Diocesano y Comarcal.

La sentencia explica que los demandantes, los Obispados de Barbastro-Monzón y de Huesca-Jaca, han considerado que la Generalitat realizó esta declaración como museo de interés nacional para impedir el traslado de los bienes de parroquias aragonesas que están allí en depósito. Las dos diócesis altoaragonesas han mostrado su “satisfacción” -mediante escuetos comunicados- por la sentencia del TSJC que ha anulado el acuerdo tras estimar el recurso interpuesto por ambas.

Se consideraron “afectados” porque en el Museo de Lérida hay bienes y objetos de arte, en depósito, que pertenecen a las parroquias aragonesas. En concreto, 111 al Obispado de Barbastro-Monzón, cuya devolución ha demandado por vía civil en el juicio celebrado en Barbastro entre los días 16 y 17 de mayo, y tres piezas procedentes del Obispado de Huesca-Jaca. El recurso de este último fue similar y se basó en la propiedad del frontal de la iglesia de Berbegal, dos tablas góticas de la iglesia de Peralta de Alcofea y la portada románica de la antigua iglesia de El Tormillo, todos en Lérida.

Además, en aquellas fechas, estaban en el Museo de Lérida las 44 piezas procedentes del Monasterio de Sijena, pendiente de que se ejecutara la sentencia del Juzgado de Huesca que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2017 con auxilio de la Guardia Civil.

La situación, entonces, era “diferente” respecto a las piezas y obras de arte de ambos obispados aragoneses porque no estaban pendientes de sentencia por la vía civil sino de “reclamaciones”. En el caso concreto de Barbastro-Monzón hay sentencias favorables por vía eclesiástica que no han servido de nada por la reiterada negativa del Obispado de Lérida que acató pero no cumplió la sentencia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica.

El tribunal impone a la Generalitat el pago de las costas, para las que fija una cuantía máxima de 2.000 euros. Contra esta sentencia cabe recurso de casación, que deberá prepararse en un plazo de 30 días desde su notificación.

Medios:

Mareando la perdiz

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Quim-Torra

El pasado viernes, 3 de mayo, la Generalitat de Cataluña ha pedido que se suspendiera el inicio del juicio por los 111 bienes de las parroquias del Aragón Oriental. Plantea que no está personada en la causa, a pesar de presidir el Consorcio del Museo de Lérida y quiere presentarse como parte coadyuvante.

Como se recordará, el juez de Barbastro tuvo que rechazar  hace un año la propuesta de que el juicio se celebrara en Cataluña; en septiembre, la vista previa quedó aplazada por una lesión en ambos pies del abogado que representa a la diócesis de Lérida; en el último mes, el obispado de Lérida ha presentado su documentación en catalán, lo que ha supuesto la necesidad de correr a traducirla, dado que el juez no la ha desestimado a pesar de no ser un idioma oficial en Aragón; ahora es la Generalitat la que se interpone en el flujo de este proceso judicial para evitar que arranque el juicio según la fecha prevista… A todo esto, en nuestra tierra, se le llama “marear la perdiz”.

Joaquín Guerrero, letrado de la diócesis de Barbastro Monzón, manifestaba su sorpresa porque “la Generalitat dice que se ha enterado ahora de que hay un juicio pese a que preside el Consorcio del Museo, en cuyas actas ha quedado constancia de este proceso judicial”. Desde el Obispado de Barbastro Monzón estiman que la petición de la Generalitat no debería suponer la suspensión del juicio dado que han tenido información de él durante los últimos 17 meses desde que se presentó el pleito y pueden alegar al finalizar el juicio.

Según uno de los colaboradores del equipo jurídico, Jorge Español, “sorprendentemente la Generalitat aparece siempre cuando menos se la espera, y después de llevar un año en marcha este pleito, con enorme eco mediático, lo hace días antes de iniciarse el juicio alegando desconocimiento”. A su juicio, “si la Generalitat no ha comparecido antes, no es porque no conociera la pendencia de este asunto, como pretende, sino que ha comparecido ahora con calculada estrategia para entorpecer y dilatar al máximo la previsible victoria aragonesa en el litigio”.

Español ha recordado que la cuestión de la catalogación catalana de los bienes y su indivisibilidad, aspectos alegados actualmente, ya fue dilucidada por el Tribunal Supremo en una sentencia que argumentaba que la catalogación de este fondo depositado por el Obispado de Lérida en el museo de la localidad “no tiene efectos jurídicos frente a los propietarios legítimos de otras comunidades”.

Desde la Plataforma Sijena Sí reiteramos nuestro apoyo total a la causa del Obispado de Barbastro-Monzón y nuestra impaciencia con estos nuevos intentos de dilación que se suman a la larguísima espera por que los bienes, declarados propiedad de las parroquias aragonesas en 26 sentencias vaticanas, sigan sin volver a casa.

Ecos en los medios de comunicación:

Apoyamos al ayuntamiento de Villanueva de Sijena en el pleito contra los exconsejeros catalanes de cultura

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El Gobierno aragonés se retiró el pasado 19 de julio de la causa penal abierta contra Santi Vila y Lluis Puig i Gordi, exconsejeros de Cultura de la Generalitat, por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por haberse negado a obedecer a la juez del Juzgado Nº 1 de Huesca que les ordenó facilitar el retorno de los 44 bienes del Monasterio de Sijena que retenía el Museo de Lérida.

Esta decisión ha sido reconocida por presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha manifestado que la DGA “se equivocó” al presentarse en una querella personal contra los exconsejeros de Cultura de la Generalitat.

La querella, iniciada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena el año pasado, fue presentada inicialmente ante el Tribunal Supremo por estar los Consejeros aforados. Pero, tras reconocer el Supremo que ya no eran aforados y que la querella debía pasar a la justicia ordinaria, se presentó ante el Juzgado Nº 3 de la capital oscense, donde declaró Santi Vila el pasado mes de abril, no haciéndolo así Lluis Puig por encontrarse fugado en Bélgica.

Esta querella no contó al principio con el apoyo del Gobierno de Aragón, pero este se sumó más tarde y así ha permanecido hasta hace dos meses cuando, por razones que no han quedado claras hasta ahora, se retiró del pleito. Debido a ello, la Fiscalía de Huesca ha tenido que asumir su representación para poder reclamar los más de 20.000 euros que tuvo que gastar Aragón para traer las obras.

La Plataforma Sijena Sí, que ya recordó a los exconsejeros que su desobediencia tendría consecuencias penales, apoya incondicionalmente al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. Y lo hace por estas razones:

  1. Los exconsejeros transmitieron órdenes explícitas a sus subordinados para que desobedecieran la orden de la juez, en un gesto de desprecio absoluto a los derechos históricos y patrimoniales de Aragón avalados por sentencias judiciales, siendo aquellos conocedores de las consecuencias legales de sus actos.
  2. La desobediencia en la que incurrieron supuso que la entrega de los bienes tuviera consecuencias económicas y sociales que deben asumir de forma “personal”, como ocurre con todo acto ilegal que realizan los gobernantes en el uso y abuso de sus funciones.
  3. El pleito tiene una misión didáctica y ejemplarizante para evitar que se vuelvan a dar más desobediencias a las órdenes judiciales en los futuros casos de los muchos pleitos abiertos contra el MNAC, el Museo de Lérida y otros que se puedan dar. Es esencial que los responsables institucionales sepan que si menosprecian nuestros derechos no quedarán impunes.

Ecos de la prensa: