Nº 3

Apoyamos al ayuntamiento de Villanueva de Sijena en el pleito contra los exconsejeros catalanes de cultura

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El Gobierno aragonés se retiró el pasado 19 de julio de la causa penal abierta contra Santi Vila y Lluis Puig i Gordi, exconsejeros de Cultura de la Generalitat, por presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por haberse negado a obedecer a la juez del Juzgado Nº 1 de Huesca que les ordenó facilitar el retorno de los 44 bienes del Monasterio de Sijena que retenía el Museo de Lérida.

Esta decisión ha sido reconocida por presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, quien ha manifestado que la DGA “se equivocó” al presentarse en una querella personal contra los exconsejeros de Cultura de la Generalitat.

La querella, iniciada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena el año pasado, fue presentada inicialmente ante el Tribunal Supremo por estar los Consejeros aforados. Pero, tras reconocer el Supremo que ya no eran aforados y que la querella debía pasar a la justicia ordinaria, se presentó ante el Juzgado Nº 3 de la capital oscense, donde declaró Santi Vila el pasado mes de abril, no haciéndolo así Lluis Puig por encontrarse fugado en Bélgica.

Esta querella no contó al principio con el apoyo del Gobierno de Aragón, pero este se sumó más tarde y así ha permanecido hasta hace dos meses cuando, por razones que no han quedado claras hasta ahora, se retiró del pleito. Debido a ello, la Fiscalía de Huesca ha tenido que asumir su representación para poder reclamar los más de 20.000 euros que tuvo que gastar Aragón para traer las obras.

La Plataforma Sijena Sí, que ya recordó a los exconsejeros que su desobediencia tendría consecuencias penales, apoya incondicionalmente al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. Y lo hace por estas razones:

  1. Los exconsejeros transmitieron órdenes explícitas a sus subordinados para que desobedecieran la orden de la juez, en un gesto de desprecio absoluto a los derechos históricos y patrimoniales de Aragón avalados por sentencias judiciales, siendo aquellos conocedores de las consecuencias legales de sus actos.
  2. La desobediencia en la que incurrieron supuso que la entrega de los bienes tuviera consecuencias económicas y sociales que deben asumir de forma “personal”, como ocurre con todo acto ilegal que realizan los gobernantes en el uso y abuso de sus funciones.
  3. El pleito tiene una misión didáctica y ejemplarizante para evitar que se vuelvan a dar más desobediencias a las órdenes judiciales en los futuros casos de los muchos pleitos abiertos contra el MNAC, el Museo de Lérida y otros que se puedan dar. Es esencial que los responsables institucionales sepan que si menosprecian nuestros derechos no quedarán impunes.

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