Juzgado Nº 1 Barbastro

El Tribunal de Conflictos rechaza la competencia de la Generalitat de Cataluña sobre lo que no le pertenece

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Con gran alegría hemos recibido la noticia de una nueva resolución judicial que vuelve a dar la razón al obispado de Barbastro-Monzón en su litigio por los bienes de las parroquias del Aragón oriental.

El Tribunal de Conflictos del Supremo ha desestimado el conflicto de jurisdicción planteado por la Generalitat y resuelve que el juzgado de instrucción 1 de Barbastro es el competente para seguir con el caso de las 111 obras de arte de la Franja. Fue este juzgado el que ordenó en diciembre de 2019 la devolución “inmediata” de las obras de la Franja que están en el Museo de Lérida en las parroquias de la diócesis de Barbastro-Monzón. El Supremo determina que ahora será este mismo juzgado aragonés el encargado de resolver los recursos que puedan plantear las partes.

La decisión del Tribunal de Conflictos, hecha pública ayer a través de un comunicado (la sentencia se notificará en unos días), se ha tomado con rapidez, ya que fue el miércoles cuando se reunió para debatir el asunto. Según ese órgano especial del Supremo, el Juzgado de Barbastro debe resolver sobre la sentencia que dictó el 10 de diciembre de 2019 declarando que los bienes eran propiedad de distintas parroquias aragonesas de las que procedían, y que debían ser devueltos de forma inmediata a las mismas. También debe ocuparse de la tramitación, en su caso, del recurso de apelación ante la Audiencia. 

El juzgado de Barbastro suspendió la ejecución provisional en enero de 2020 al plantear la Generalitat catalana el conflicto de jurisdicción tras dictarse el fallo. La Generalitat había reclamado su competencia “exclusiva” sobre los bienes en litigio por estar incluidos en una colección catalogada de 1.810 objetos, en virtud de una resolución del consejero de Cultura de 20 de mayo de 1999, y por tanto consideraba que su disgregación requería autorización del departamento. Una petición que luego respaldaron tanto el Obispado de Lérida como el Consorcio del Museo Diocesano Comarcal.

Nuestra Plataforma vuelve a pedir, por tanto, la ejecución provisional de la sentencia, dado que no afecta a bienes que puedan ser dañados por un traslado y su exposición en un museo que lleva años con los huecos preparados para exponer estas obras.

PUEDES LEER AQUÍ LA SENTENCIA COMPLETA:

Medios de comunicación:

El TS estudiará el 23-S el recurso de la Generalitat por los bienes del Aragón Oriental

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Según informa el Diario del Altoaragón, el Alto Tribunal de Conflictos de Jurisdicción se reunirá el próximo 23 de septiembre para estudiar la admisión o no del conflicto de jurisdicción planteado por la Generalitat de Cataluña y el Consorcio del Museo de Lérida tras la decisión de Carlos Lobón, titular del Juzgado de Primera Instancia, de no inhibirse en el procedimiento relacionado con la Sentencia que ordenó la devolución de 111 obras al Obispado de Barbastro-Monzón, representante legal de 49 parroquias propietarias de la colección depositada en el Museo de Lérida.

El conflicto se remitió, en febrero de 2020, al Presidente del Tribunal de conflictos para que resuelva y según informó Joaquín Guerrero, abogado que defiende los intereses diocesanos, la respuesta se conocerá en el transcurso de los diez próximos días. En todo caso, indicó que “en el 90% de los casos, el Tribunal admite el conflicto aunque eso no significa que la decisión posterior sea favorable. Está claro que es un procedimiento dilatorio sin más finalidad que retrasar la posible ejecución provisional de la Sentencia”.

En este aspecto, se mostró “optimista, es lógico que el juez no se inhiba porque tampoco lo hizo cuando se lo planteó el Consorcio con antelación al juicio oral celebrado en Barbastro. El magistrado ya lo rechazó con mucha firmeza y lo normal es que no se modifique su decisión”. Guerrero se remitió a la situación similar originada en el litigio de Villanueva de Sijena, “admitieron el conflicto pero declinaron que la jurisdicción no fuera otra que Huesca”. Los abogados del Obispado de Barbastro-Monzón y del Gobierno de Aragón ya presentaron sus alegaciones y mientras no resuelva el Alto Tribunal, se paraliza la posible ejecución provisional de la sentencia que ordena la devolución de 111 obras al Obispado.

El conflicto ha llegado hasta el Tribunal Supremo tras la decisión del juez de no inhibirse y mantener la jurisdicción en el procedimiento sobre la Sentencia que ordenó la devolución de 111 obras de arte al Obispado de Barbastro-Monzón, representante de 49 parroquias propietarias de la colección depositada en el Museo de Lérida. Desde la parte catalana se argumenta que el juez carece de competencias en materia de patrimonio cultural sobre la colección catalogada entre 1810 piezas del Museo de Lérida que se incluyeron en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán el 20 de mayo de 1999.

El Obispado de Barbastro-Monzón y el Gobierno de Aragón (coadyuvante) recuerdan el precedente del proceso de nulidad de ventas del tesoro artístico de Sijena y la Sentencia 1/2015 del Alto Tribunal de Conflictos que sentó doctrina sobre la competencia para ejecutar del Juzgado número 1 de Huesca. A partir del precedente, el Alto Tribunal y el Tribunal Constitucional declararon que el lugar donde irían las piezas no lo determinaría la Generalitat sino el propio Juzgado.

Además, se rechazaron los argumentos que defiende la parte catalana sobre la “supuesta colección indivisible” de 1810 piezas que incluye 111 obras de las parroquias aragonesas que, por Sentencia, deben devolverse al Obispado de Barbastro-Monzón. En términos administrativos se considera “cosa juzgada” y por otra parte, “la Generalitat sabe, perfectamente, los efectos vinculantes porque se trata de sentencias firmes y ningún conflicto de jurisdicción podría derogarlas ni contrariarlas porque lo prohíbe la Ley de Conflictos”.

En las alegaciones, el Consorcio pide que no se adopte ninguna medida provisional como sería el traslado de los bienes para su depósito judicial y en todo caso, fuera de Aragón. La ley contempla la adopción de medidas cautelares provisionales y el Consorcio plantea que “se podría acordar la prohibición provisional de traslado de piezas o su embargo preventivo.

En todo caso, expone diferentes motivos y razones para que no se proceda y reitera que las 111 obras forman parte de la colección del Museo Diocesano y Comarcal de Lérida incluida en el Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán”.

En la historia de litigios de Sijena y Barbastro-Monzón por devolución de obras de arte es la segunda vez que el conflicto se traslada al Tribunal Supremo tras el precedente de Sijena que fue el 1/2015. En este caso se registró con el 1/2020 y por tanto será el primero para resolver según fuentes consultadas.

Más de 1.000 personas han firmado ya en internet y otras tantas en papel apoyando esta devolución de las piezas. ¡Únete a ellas firmando AQUÍ!

Medios de comunicación:

El cardenal Omella manifiesta que los bienes del Aragón Oriental tienen que volver

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El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el aragonés Juan José Omella, ha manifestado en una entrevista a Radio Huesca sobre la situación actual de la pandemia por el coronavirus que el litigio de los bienes religiosos de la Diócesis Barbastro-Monzón depositados en el Museo de Lérida y que Cataluña se niega a devolver, “está durando mucho, es demasiado largo”. El también cardenal, en una entrevista concedida a Radio Huesca, ha mostrado su deseo de que el juez “dé ya la solución”.

El juez titular del Juzgado número 1 de Barbastro emitió en diciembre un fallo favorable a la devolución de los 111 bienes retenidos en Lérida que la Generalitat de Cataluña ha conseguido desviar al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, lo que vuelve a dilatar el proceso.

Omella, que fue obispo de esta Diócesis entre diciembre de 1999 y mayo de 2004, ha recordado que ya entonces “se nos pidió que los pueblos que tenían piezas artísticas en el Museo de Lérida las reclamaran por escrito, y así se hizo. El presidente de la CEE ha recordado la sentencia del derecho canónico ‘rex clamat domino’ (la cosa llama a su dueño) para afirmar que estos bienes “tienen que volver”.

El prelado ha reconocido que la solución está clara y es sencilla pero que “los litigios complican los asuntos”. Asimismo, ha señalado que “tendremos que tener mucha paciencia, pero yo repito siempre el viejo adagio de que ‘la verdad padece pero no perece’.

Medios:

Barbastro gana el pleito judicial por las piezas en Lérida

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el-obispo-de-barbastro-monzon-angel-perez-felicita-a-los-abogados-de-la-causa-joaquin-guerrero-por-parte-del-obispado-y-alberto-gimenoEn este día tan significativo para nuestra Plataforma, en el que hemos celebrado el segundo aniversario del retorno de los bienes de Sijena desde el Museo de Lérida, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha dado a conocer este miércoles que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Barbastro ha ordenado la “inmediata devolución” de los 111 bienes de las parroquias de la diócesis de Barbastro Monzón. Contra la sentencia dictada cabe recurso de apelación, en el plazo de 20 días, ante la Audiencia Provincial de Huesca aunque El abogado del obispado ya anunció en su día que si el fallo era favorable pediría la ejecución provisional.

La sentencia dictada por el juez, según ha adelantado el TSJA, estima íntegramente la demanda presentada por el obispado de Barbastro-Monzón, en representación de las cuarenta y tres parroquias de la zona oriental, y desestima en su totalidad las demandas presentadas por el Obispado de Lérida y por el Consorcio del Museo de la localidad leridana de las que absuelve al obispado oscense. El juicio se celebró el pasado mayo.

En su sentencia el juzgador afirma “que los bienes reseñados (en el hecho primero de la demanda principal) son propiedad de cada una de las parroquias de las que proceden y que deben ser devueltos de forma inmediata, a cada una de ellas, por mediación del Obispado de Barbastro-Monzón en su sede social”.

Tras la presentación de la demanda, el Obispado de Lérida ya reconoció que 28 obras eran propiedad del Obispado de Barbastro-Monzón pero mantuvo que las restantes eran de su propiedad ya que habían sido adquiridas mediante usucapión. Igualmente, el Consorcio del Museo de Lérida reconoció la propiedad del Obispado de Barbastro-Monzón sobre 28 de las 111 piezas pero no sobre las 83 restantes y en su escrito solicitaba además que, de estimarse la demanda presentada por el obispado oscense, éste se hiciera cargo de los gastos de conservación de los bienes.

Sobre la cuestión medular del litigio (dirimir de quién es la propiedad de los bienes) recuerda el juez que existe un acuerdo firmado el día 30 de junio de 2008 entre ambos obispados, en el que el Obispado de Lérida reconoce que los bienes pertenecen a las parroquias transferidas a la Diócesis de Barbastro -Monzón, acuerdo en el que no solo se manifestaba que se acataban las resoluciones eclesiásticas sino que también se reconocía que las obras pertenecían en propiedad al obispado demandante.

Las resoluciones eclesiásticas mencionadas en el citado acuerdo de 30 de junio son el Decreto de la Congregación para los Obispos de 8 de septiembre de 2005, después confirmado de forma definitiva por el Decreto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica de 28 de abril de 2007, que resolvió que estas obras pertenecían a las parroquias segregadas (las de Barbastro -Monzón) y que debían devolverse dado que se encontraban en el Museo de Lérida a título de depósito.

El juez centra la cuestión al expresar que: “La relevancia de este acuerdo firmado por ambas partes constituye una declaración en la que, por parte de la demandada, se reconocía inequívocamente la propiedad de las parroquias de la parte aragonesa, y en el que literalmente se indicaba que “ambos Obispados reconocen que la propiedad de los referidos bienes eclesiásticos corresponde a las parroquias transferidas a la Diócesis de Barbastro-Monzón (…)”.

También considera actos propios de reconocimiento de propiedad la posición mantenida por el Obispado de Lérida en el acto de conciliación de fecha 31 de octubre de 2017, en el que su letrado manifestó que “reconocemos el conjunto de sentencias que ha habido tanto de los Tribunales del estado como de las autoridades eclesiásticas…) o la solicitud dirigida a la Consejería de Cultura de la Generalitat para solicitar autorización para disponer de las piezas que se encontraban en posesión del Museo de Lérida”.

Para el juzgador todas ellas son manifestaciones “suficientes e inequívocas para considerar cumplidamente acreditada la propiedad de las parroquias segregadas” y por lo tanto estimar la demanda.

En otro sentido, aunque la parte demandada niega que los bienes tengan consideración de “bienes preciosos” para el juez no cabe ninguna duda ya que el Código de Derecho Canónico considera como tales todos aquellos que tienen un valor notable por razón del arte, de la historia o de la materia. Abundando en esta cuestión argumenta también que la normativa canónica dictada desde 1893 hasta el Código de Derecho Canónico actual recoge la prohibición de enajenar tanto de bienes inmuebles como de bienes preciosos sin la autorización de la Santa Sede y, en concreto, a partir del año 1923 se exige además la autorización del Ministerio de Justicia.

Sobre este punto alude también el juez a que el Decreto del Supremo Tribunal de la Signatura apostólica de 28 de abril de 2007, afirma que la enajenación sin licencia de bienes preciosos no distingue entre personas jurídicas eclesiásticas y entre estas y terceros ajenos a la Iglesia, por lo que entiende que “toda enajenación como las que son objeto de estudio de este pleito, caso de haberse realizado, deberían haberse hecho con la correspondiente licencia”. Y termina su razonamiento afirmando que “la única conclusión que puede alcanzarse de toda la prueba practicada es que las obras reclamadas se encuentran a título de depósito” y reitera que “la parte demandada en este procedimiento -el Obispado de Lérida y el Consorcio del Museo de Lérida- no ha aportado títulos concretos de compraventa, permuta o donación en virtud de los cuales dice que se habría adquirido la propiedad de las obras y tampoco el contexto en el que las diferentes obras se incorporaron al Museo Diocesano, por lo que no cabe llegar a la conclusión de que los bienes se recibieron en virtud de títulos traslativos de la propiedad”, ni que se haya realizado ningún negocio de compraventa con las parroquias aragonesas.

Más adelante, sobre los actos de restauración y conservación de las piezas realizados por el museo leridano, reitera una vez más el juzgador que el Obispado de Lérida no recibió la posesión de los bienes en concepto de dueño si no que los recibió en concepto de depósito, con la finalidad de guardarlos, conservarlos e incluso restaurarlos, y no mediante la realización de negocios jurídicos traslativos de la propiedad.

Vuelve a argumentar que el traslado de los 111 bienes obedeció a diversos factores como eran la creación del Museo por el obispo Meseguer, la intención de que los seminaristas pudieran conocer y estudiar los objetos artísticos de la Iglesia y el evidente riesgo de pérdida de los bienes dada la precaria y acuciante situación económica de las parroquias. Por ello, afirma en su sentencia que “el obispo Meseguer fue paulatinamente incorporándolas (las obras) al Museo, pero sin intención de adquirir su propiedad, sino simplemente de acogerlas, conservarlas e incluso restaurarlas, y ello en el ejercicio de las facultades de administración que el Derecho Canónico le atribuye”.

Incide en que “resulta especialmente relevante el hecho de que hasta el año 1995 las parroquias formaban parte del Obispado de Lérida” por lo que entiende que estas actuaciones “parecen aconsejables en el caso de unas obras pertenecientes a parroquias que dependían de la diócesis demandada y cuando las parroquias carecían de medios económicos para su conservación y restauración”.

Respecto a gastos reclamados por el Consorcio del Museo de Lérida al Obispado de Barbastro-Monzón en concepto de mantenimiento, conservación y restauración de las 111 piezas, el juez desestima lo solicitado por el Museo porque éste no fijó con claridad la cantidad concreta que reclamaba, y tampoco considera válidas las bases incluidas en el escrito de aclaración que presentó en la audiencia previa a la vista oral porque son unas bases que “no sirven para cuantificar los gastos de conservación que reclama”. Basa su decisión primero, en que la finalidad del Museo no solo es la recogida y conservación de las obras, sino también el estudio y la exposición de las colecciones y fondos que lo componen, cuyos gastos no pueden repercutirse al propietario por lo que no cabe incluir gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas o el transporte.

La sentencia, a los pocos días, ha sido recurrida por el Museo de Lérida, argumentando muchos pormenores que han sido rechazados por diversos tribunales eclesiásticos anteriormente, pero que servirán posiblemente para dilatar el que la sentencia sea firme. Desde nuestra Plataforma reivindicamos que se ejecute de inmediato la sentencia sin perjuicio de futuras resoluciones judiciales, dado que todos son bienes muebles.

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